Martes 30 de diciembre de 2008
Hace veintitres años escribimos las que consideramos propuestas aún vigentes:
"La gran reforma social de la década de los cuarenta vino a ser un testimonio histórico de compromiso con los más necesitados que significa una acción política inspirada en el humanismo cristiano, y hoy, ante los graves problemas de índole económica, social, cultural, política y moral que afectan a nuestro país, es evidente e incuestionable que las iniciativas tendientes a resolver esa problemática desde nuestra perspectiva de pensamiento exige medidas de hondo contenido popular y democrático.
Frente a la actual crisis, los humanistas cristianos debemos tener conciencia de la gran responsabilidad histórica que nos corresponde, para que con medidas integrales, coherentes, eficaces y eficientes se supere el actual modelo de organización socioeconómica que ha demostrado su incapacidad de permitir la convivencia armónica y el desarrollo pleno de los/as costarricenses.
Es prioritario devolverle a los sectores populares la posibilidad de la satisfacción de sus necesidades esenciales que autoricen a afirmar que han alcanzado niveles de vida digna, en ese sentido, debe generarse una acción del Estado que permita la asignación de los recursos necesarios y suficientes para tal fin, fundamentalmente en cuanto a: vivienda, vestido, alimentación, educación y salud.
Paralelo a ello, se requiere de todo un proceso de movilización social que cree las condiciones para facilitar el acceso a la toma de las grandes decisiones políticas de los sectores populares en aquellos aspectos que de una u otra forma inciden en la creación de las condiciones en que se desenvuelven, con lo cual, se darán los primeros pasos en el tránsito de la democracia formal a la democracia participativa.
En tal sentido, es importante reforzar las sociedades y cuerpos intermedios y promover la participación del pueblo en éstas; así como imperativo que se genere una descentralización del Estado, en función de que las decisiones acerca de las acciones prioritarias a desarrollar por las instituciones estatales sean fruto de las necesidades del pueblo.
Como instancias de participación funcionarán entonces las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las Municipalidades y los Consejos Regionales de Desarrollo, en los ámbitos de toma de decisiones, ejecución y control y evaluación de procedimientos y resultados.
En este proceso de cambio es imperativo promover reales garantias económicas que sean complemento de las garantías sociales, incluyendo entre las primeras el fortalecimiento del ingreso de los trabajadore a través de políticas sociales que les aseguren la satisfacción de sus necesidades esenciales y las de sus familias, la promoción de una participación real en la gestión de la empresa, no solo como portadores de su fuerza de trabajo, sino en el ámbito de la toma de decisiones y en la distribución de las ganancias, esto es a través de un proceso cogestionario como primer paso, que conduzca al largo plazo, a un importante sector económico autogestionario.
En el sector agrícola debe realizarse un esfuerzo tendiente a fortalecer no solo las políticas de distribución de la tierra a través de organizaciones cooperativas, cogestionarias y autogestionarias, sino también promoviendo las organizaciones de pequeños productores que faciliten la introducción y uso adecuado y racional de tecnología apropiada para elevar los índices de producción y productividad y faciliten brindarles adecuada asistencia técnica.
Es necesario reorientar la economía del país en función de que la utilización racional de nuestra riqueza natural y la introducción de tecnología y capital, eleve no solo nuestros índices de producción, sino lo que es más importante, genere justicia, perfeccione nuestra democracia y consolide un auténtico desarrollo integral y sostenible en armonía con la naturaleza" (Segura, Ronald.(1985)).
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