EL PRUGAM FUE UN FIASCO: (I) Amenaza al anillo de contención urbana.

2 DE JULIO DE 2010

Razón tienen en el Instituto Nacional de Urbanismo, Dirección de Planificación Urbana, de oponerse a la implementación de las propuestas realizadas por el Proyecto PRUGAM (Proyecto Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana), y para ello, nada mejor que transcribir los excelentes artículos que dan luz acerca del tema que Juan Carlos Retana Guido escribió en la sección de OPINION, Página Abierta de Diario Extra y que reproducimos a continuación:

"Entre el anillo de contención urbana y el Proyecto PRUGAM
Juan Carlos Retana Guido*

I Parte. El tema del ordenamiento urbano-territorial, desde cualquier perspectiva teórica-conceptual con que se aborde, siempre va a representar un tema de conflicto.

Una de las explicaciones más convincentes sobre esta “realidad” es que los actores y agentes sociales que interactúan y compiten con, desde y por el territorio, representan una diversidad de intereses contradictorios, según la posición que ocupen dentro del Sistema Urbano, ya sea desde la esfera de la circulación, el consumo, la producción, el intercambio o la gestión.

Este marco teórico-conceptual, expuesto brevemente, plantea de forma aproximada los procesos con los que cotidianamente interactúa y se enfrenta el quehacer de la planificación urbana, lo cual pone en evidencia lo sutil que debe ser el accionar de los planificadores para involucrar, conciliar y plasmar territorialmente esta diversidad de intereses, en la medida de lo posible, de forma equilibrada, equitativa y consensuada.

En este sentido, para cumplir con estos objetivos, la planificación urbana debe apoyarse, desde la perspectiva científico-técnica, en los equipos multidisciplinarios de trabajo, de tal manera que los estudios les permitan conocer la realidad urbana del territorio analizado, abarcando varios ángulos, a saber: físico-ambiental, social, económico, infraestructura y redes y político- institucional, entre otros.

Actualización del modelo. Desde la perspectiva política, no es por casualidad que se piense en el Estado, a través de sus instituciones respectivas, por su condición presumiblemente imparcial, conjuntamente con sus pretensiones de protección del interés público y bienestar social, como el instrumento ideal para garantizar la legitimidad de los procesos de elaboración, aprobación, control y seguimiento de las propuestas en materia de ordenamiento urbano-territorial.

Lo dicho en este último párrafo era, por lo menos, la concepción de Estado que imperó durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado, dentro del llamado modelo fordista- keynesiano, cuya expresión en el campo de la planificación urbana ha venido siendo el denominado urbanismo demográfico, cuyo énfasis principal ha estado centrado en los servicios públicos básicos, el transporte público, la zonificación sustentada en el equilibrio y la equidad y por supuesto la regulación.

Bajo este alero (¿paradigma?) fue que a finales de los años 70 y principio de los 80 se formuló el Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana (GAM), mismo que contempló una zonificación claramente delimitada y reglamentada para las tres grandes zonas establecidas: 1- Crecimiento Urbano, incluido el Anillo de Contención Urbana, 2- la Zona Especial de Protección Agrícola y 3- la Zona de Protección Absoluta. Además incorporó estudios, análisis y la propuesta de densidades para todo el GAM, sumado a una propuesta concreta de Estructura Urbana poli nuclear, entre otros aspectos importantes.

Hay que agregar que este Plan es el único plan regional vigente en Costa Rica y que, como era lógico esperar, dada la dinámica de los procesos sociales que se generan hacia lo interno de la principal región del país, cumplió su ciclo de vida, por lo que su actualización es una necesidad relativamente retrasada.

De acuerdo con lo anterior, el Plan GAM 82, como se le conoce, fue elaborado por el Estado a través de sus instituciones, así como su aceptación de actualizarlo igualmente nace en lo interno de las instituciones responsables por la Ley 4240, a saber: MIDEPLAN, INVU, MIVAH. En este sentido y por las razones que se exponen más adelante, tal responsabilidad recayó en el denominado Proyecto PRUGAM, por medio del Convenio suscrito entre la Unión Europea y el MIVAH.

Sin embargo, pese a que dicha actualización dura aproximadamente seis años, teniendo a su disposición alrededor de 82 funcionarios, 19 empresas consultoras, aproximadamente 81 consultorías y 18 millones de euros, (unos ¢12.400 millones en esta fecha) las propuestas que debían cumplir con el objetivo señalado son improbadas por el INVU, el ente competente signado por la Ley 4240.

Nuevo contexto. Siendo esto así, cabe preguntarse: ¿por qué se imprueba por parte del INVU la propuesta para actualizar el Plan GAM 82 elaborada por el Proyecto PRUGAM? Y, si se quiere profundizar más cabe igualmente cuestionarse: ¿por qué tal improbación genera un conflicto entre instancias vinculadas al mismo Estado?
De previo a responder estas interrogantes, es importante para una mayor comprensión señalar de forma muy “resumida” el nuevo contexto en el que se circunscribe todo este proceso de actualización.

En primer lugar, hay que mencionar que los procesos de reestructuración internacional que se generan desde los centros de poder económicos, ubicados en países como Estados Unidos, Inglaterra e Alemania, impulsan un nuevo modelo de desarrollo económico que aquí le llamaremos “Posfordismo”, pero que también es conocido por otros nombres; y en segundo lugar, igual que en el modelo anteriormente reseñado, éste también tiene su expresión en el campo de la planificación urbana, en un modelo que se puede denominar Urbanismo Fiscal, sustentado en una estructura de mercado cuya prioridad es la renta de la tierra, con una pérdida de interés por garantizar el acceso a los servicios públicos básicos y el transporte público y con una fuerte tendencia hacia la desregulación.

En el caso concreto, aunque aún en etapa en transición, estos cambios se vienen gestando a nivel del Estado costarricense, y se manifiestan en un cambio cualitativo a nivel de las políticas públicas en general, con especial énfasis en el campo social y urbano. Particularmente en el urbano, dichos cambios se caracterizan por un debilitamiento de las estructuras institucionales encargadas de la planificación urbana, con fuertes tendencias hacia la creación de estructuras paralelas y a impulsar procesos de consultorización en la elaboración de propuestas de planificación; no solo dentro del ámbito local, sino que también del regional, nacional e internacional.

Lo anterior no tendría ningún sentido plantearlo de no ser porque estas tendencias son una realidad dentro de la sociedad costarricense; en el caso concreto de la planificación urbana, el propio Proyecto PRUGAM es un ejemplo, entre otros, de “estructura paralela” y “consultorización”, cuyas consecuencias serán analizadas en la segunda parte de este artículo.


*Arquitecto, coordinador Unidad de Planificación Territorial, Dirección de Urbanismo (INVU)".

El acceso directo a dicho artículo es el siguiente:
http://www.diarioextra.com/2010/junio/08/opinion09.php