(Imágen tomada de la versión digital del Periódico La Nación de Costa Rica).
Por más errores que puedan endilgársele a un Presidente Constitucional libremente electo por la ciudadanía, no forma parte de los procedimientos democráticos dictar una orden judicial para su aprehensión, montarlo en un avión y sacarlo del país.
Quienes vivimos de cerca la conculcación de las libertades políticas por los regímenes militares que campearon en Centroamérica y América Latina en la década de los 1970 y 1980, jamás podemos quedarnos callados ante el rompimiento del orden constitucional en Honduras. La OEA, el resto de Presidentes Centroamericanos, el Grupo de Río, deben aunar esfuerzos para obligar a su restitución.
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