ZOPILOTES DE VIVIENDA: UNA CONDENA QUE SE VENÍA

21 DE MAYO DE 2010

En una decisión ejemplar, un Juzgado de los Tribunales de Justicia de Cartago condenó a dos ingenieros y a un intermediario (Zopilote de vivienda en el argot popular) a seis y ocho años de prisión.

Si todas las familias afectadas y las instituciones del Estado (Dígase IMAS, INVU, Bancos) y Entidades Autorizadas, se atrevieran a reportar los casos en los que se vió involucrado uno de los condenados, de seguro pasaría el resto de su vida entre rejas.

Y es el que el modus operandi que destaparon los jueces, lo venía aplicando desde hace muchos años uno de los condenados.

Recordamos dos casos, que se remontan al período 1994-1998:

PROYECTO LOS HELECHOS EN BIRRISITO DE PARAÍSO

Actuando el Banco Popular como entidad autorizada, oportunamente el diputado Rafael Villalta Fernández (1994-1998) denunció que el valor del terreno estaba por encima de la realidad del mercado, a tal grado que a muchos/as de los/as beneficiarios/as se les fué el bono y el crédito en solo la compra del lote. Quedaron endeudados/as sin tener casa. El impulsor de dicho proyecto, el entonces presidente legislativo Walter Coto, ante las investigaciones del diputado Villalta se dejó decir que entre bomberos no se majan la manguera. Pero no era eso, sino que estaban ante una gran injusticia en perjuicio de muchas familias necesitadas de vivienda. El hoy condenado jugó un papel activo en la concreción de ese negociazo.

PROYECTO CERRO VERDE, CAMINO A DONDE MERO

En el mismo, período, el hoy preso, y con constancias falsas de que el terreno tenía los servicios de agua y luz (Totalmente falso en aquella época), el IMAS procedió a adquirir un terreno para reubicar a familias de Alajuelita, previa urbanización.

Pero resulta que la estafa fue en grande, pues no solo no tenía luz ni agua el terreno, sino que estaba ubicado en zona de vocación agrícola.

Así como éstos dos casos, muchos otros, por eso, lo repetimos, si todas las familias afectadas y las instituciones del Estado (Dígase IMAS, INVU, Bancos) y Entidades Autorizadas, se atrevieran a reportar los casos en los que se vió involucrado uno de los condenados, de seguro pasaría el resto de su vida entre rejas.